Uno de los principales argumentos de los grupos conservadores que se oponen abiertamente la interrupción voluntaria del embarazo, es que si se despenaliza o legaliza esta práctica, implicaría un dramático aumento en el número de abortos que ya se realizan de manera clandestina, que sería como una invitación a abortar a todas las mujeres y que sólo la ilegalidad disuadirá a las mujeres de realizarlos.

A simple vista, a algunas personas podría parecerles que dicho argumento tiene cierta lógica, ¿pero qué dicen los números y las experiencias reales al respecto?

En un estudio publicado por la prestigiosa revista The lancet, que evaluó la incidencia de abortos ocurridos entre 1990 y 2014,  se encontró que la la tasa mundial ha disminuido en las dos últimas décadas hasta en 5 puntos, sobre todo en los países con mayores índices de desarrollo. Así, se estimó que en total, cada año ocurren 35 abortos por cada mil mujeres entre 15 y 44 años de edad, a diferencia de los estimados en el periodo de 1990  a 1994, que era de 40. No obstante, esta cifra varía mucho entre países.

En los países desarrollados, por ejemplo, la tasa disminuyó en 19 puntos, pasando de 46 abortos por cada 1000 mujeres, a sólo 27. En el este de Europa solamente, la tasa pasó de 88 abortos anuales por cada 1000 mujeres en 1990 a 42 en 2014, mientras que en el norte de Europa pasó de 22 a 18, y en Norteamérica de 25 a 17.

Por otro lado, en los países en vías de desarrollo, en promedio se encontró una disminución solamente de dos puntos, pasando de 39 a 37 abortos por cada 1000 mujeres en edad fértil.

Hay que señalar que justamente es justamente en estos países en donde hay menos leyes que garantizan la interrupción legal del embarazo, y que aunque disminuyó la tasa, el número de abortos totales aumentó. En América latina, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, de momento sólo está garantizada en Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana Francesa y Ciudad de México, en donde las leyes son recientes y hay muy pocos datos como para determinar de manera precisa el impacto de estas.

 

Sin embargo, la evidencia disponible muestra claramente que a mediano plazo en los países más desarrollados donde se despenaliza y se regula la interrupción voluntaria del embarazo, no solo no aumenta la tasa, si no que ésta está puede disminuir rápidamente con las políticas adecuadas.

Por todo esto, se hace cada vez más urgente que por un lado que se garantice en más países el derecho a decidir, y por otro una mejor educación sexual y el acceso universal a métodos anticonceptivos y para la interrupción segura del embarazo, pues a fin de cuentas es cuestión de cada mujer y de cada persona decidir si quiere tener hijos o no y el derecho a decidir es un derecho humano.